Constitución, vivienda y ciudad


En estos últimos tiempos está muy en boga eso de ser muy constitucionalista. Me llama la atención esa retórica vacía de algunos partidos que, día sí y día también, pugnan por ser más constitucionalistas que nadie, por presumir de llevar la bandera más grande y de decir más alto que nadie: “Viva el Rey”. Sí, se les llena la boca al hablar de la ley y la constitución, pero son los primeros en rechazar la parte relativa a los derechos políticos y sociales que contiene nuestra Carta Magna. En especial, cuando se trata de garantizar pensiones, vivienda, salario mínimo, dependencia, sanidad y educación pública de calidad, entre otros derechos constitucionales de carácter fundamental.

Y es que, efectivamente, la realidad es que la gente no satisface sus necesidades ni llega a fin de mes ni a base de banderas ni a golpe de constitucionalistas de salón, mientras el grado de pobreza y desesperación de millones de familias en nuestro país es alarmante.  

Traigo esto a colación porque me cuenta una amiga y vecina de Tres Cantos que en un par de meses se verá obligada a marcharse de Tres Cantos. Le acaban de comunicar que la renta que paga por el alquiler de su casa va a pasar de 900 a 1.300 euros. Así, de una sola tacada, prácticamente un 45 por ciento de subida; una subida que me comenta que no puede afrontar de ninguna manera y, máxime, cuando se depende sólo de una escasa pensión, como es su caso. ¿No es esto un abuso? ¿No es una vergüenza ver cómo juegan con la vida de las personas?

Como, asimismo, son un abuso y una vergüenza las circunstancias en las que también se encuentran esos cientos de familias de las 1000 viviendas de Tres Cantos sometidas al fondo buitre de Fidere, que les ha enviado hace unos días una notificación en tono amenazante, en la que se les conmina a adquirir la vivienda, o el precio del alquiler aumentará gradualmente durante los próximos tres años. Lamentable, vergonzoso.

Es oportuno recordar que el mandato constitucional recogido en su artículo 47, dirigido a las diferentes administraciones del Estado, estatal, autonómica y municipal, es meridianamente claro, para todas ellas.

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalía que genere la  acción urbanística de los entes públicos.

Y yo me pregunto: ¿dónde están esos constitucionalistas? No, no los veo, no los oigo. Nada. ¿No les van decir nada a nuestros vecinos, como «¡Buscaos la vida!»?  O aquello, de malhadado recuerdo, «Es el mercado, amigo», porque de lo que es intervenir en el mercado de la vivienda pública de carácter social ya conocemos las prácticas a las que ha sometido este Derecho Constitucional el Partido Popular en la Comunidad y en el Ayuntamiento de Madrid, en cuanto a lo que ha significado la liquidación de la vivienda pública en alquiler a favor de fondos especulativos de inversión. En Tres Cantos también conocemos el papel jugado por el Partido Popular y su alcalde, el Sr. Moreno, junto con Ciudadanos,  ambos como cooperadores necesarios en todo ese calvario al que han sido sometidos los vecinos de las 1.000 viviendas, avalando todo el rosario de abusos y desmanes de Fidere, sin promover medida alternativa alguna a favor de los vecinos.

Fotografía de 20minutos.es

En Tres Cantos, como en tantas otras ciudades y pueblos de nuestro país, encontrar una vivienda en alquiler que se pueda pagar se está poniendo prácticamente imposible. Esto es un hecho ya incuestionable, pero lo más lamentable de este desaforado aumento de los precios de alquiler no es sólo una cuestión económica, ya de antemano inasumible para la gran mayoría de los asalariados, sino que, con carácter general,  lo que denotan estas subidas tan abusivas de las rentas de los alquileres es el fracaso, por insuficientes, de las medidas  implementadas por el gobierno, en tanto no se ponga límite a los precios en el mercado de alquiler de inmuebles, como reiteradamente ha venido proponiendo Unidos Podemos.

Medidas que, de no implementarse, abocarán a una buena parte de los tricantinos, necesitados de alquileres más asequibles, a emigrar de Tres Cantos, al no poder pagar las rentas que les imponen sus caseros. Para otros tricantinos, que nacieron aquí, que pasaron aquí su infancia y juventud, ahora, ante su necesidad de emanciparse, este drama implica aún algo más grave, porque significa el exilio y al desarraigo.

Sí, porque una ciudad que altera la vida interior de sus ciudadanos es una ciudad que, desgraciadamente, comienza a devenir inhóspita. Una ciudad que no quiere escuchar, cuando el escuchar es la primera regla de la hospitalidad y de nuestros gobernantes, mientras condena a una parte importante de sus vecinos al exilio y al desarraigo; una ciudad que aísla, que segrega, que impide que todos se miren a la cara, que destruye toda habitación posible; una ciudad que, en suma, cierra la puerta a la vida de la comunidad y, por tanto, cancela las condiciones para lo que la ciudad fue concebida. Vergonzoso, Sr. alcalde.

En consecuencia, reclamamos al Gobierno, en línea con lo acordado con Unidos Podemos, que deje de temblar ante los buitres y acometa la tarea cuanto antes de promulgar una legislación sobre la vivienda, y en particular sobre la vivienda en alquiler, que limite los precios, y proteja a la población frente a los abusos, al tiempo de que promueva un parque público de vivienda social donde la ciudadanía pueda echar raíces y tener garantizada un modelo de vida conforme a lo que nos señala nuestra Constitución. Porque desde Podemos Tres Cantos pensamos que ¡Sí se puede!

Firmado: Félix Arana


Negras gaviotas sobrevuelan la Sanidad Madrileña


Desde hace tiempo se viene denunciando de forma reiterada a través los medios de comunicación y por parte los grupos de la oposición la carencia de pediatras en los municipios de la Comunidad de Madrid, así como la nula reacción por parte del Gobierno del Partido Popular a esta denuncia.De esta problemática no se ha salvado la localidad de Tres Cantos, saltando en junio a la prensa y redes sociales las reclamaciones realizadas por parte de las familias tricantinas al suprimirse el servicio de tarde de pediatría en el Centro de Salud II, situado en el Sector Embarcaciones. La primera reacción de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid fue la habitual, esto es, echar balones fuera e indicar que «la escasez de este tipo de especialistas médicos a nivel nacional hace difícil cubrir plazas, no solo en Madrid sino en todo el país»(1). Sin embargo, ojalá hubiera sido esta la única respuesta del Gobierno del Partido Popular.

Este pasado 4 de diciembre fue difundida por los medios de comunicación la noticia (2)de que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y dos de los cinco sindicatos que componen la Mesa Sectorial habían acordado un «proyecto piloto» para la reducción de los horarios de consultas en Atención Primaria.De los componentes de la Mesa Sectorial (UGT, CCOO, SATSE, CSIT, Unión Profesional y el Sindicato de Médicos Amyts), solamente CSIT y Amyts han rubricado el acuerdo, que limita el horario de Atención Primaria hasta las 18.30h o 19h, concentrando así las consultas, según palabras de la Consejería de Sanidad, en«los horarios de mayor demanda de usuarios».

Este «proyecto piloto» se llevará a cabo en los catorce centros de salud – dos por cada una de las siete áreas territoriales- que se presenten voluntarios a participar en dicho programa.

No se han hecho esperar las reacciones en contra de estas propuestas por parte de los sindicatos no firmantes y de otras asociaciones de trabajadores del sector. En palabras de la secretaria general de CCOO Sanidad Madrid, Rosa Cuadrado, es «una irresponsabilidad modificar las citasen Atención Primaria en plena temporada de gripe» y, calculando el impacto sobre las urgencias hospitalarias generales, encargadas de asumir a la demanda de usuarios fuera del horario establecido en «un millón de urgencias hospitalarias y 200.000 de Pediatría», se va a producir un gran efecto negativo sobre el ya por sí deteriorado servicio de Urgencias Hospitalarias.

Según Julián Ordóñez, secretario general de la Sección de Sanidad Madrid de UGT, la falta de médicos de familia y pediatras «no se arregla acortando el tiempo de las consultas, sino aumentando los recursos para atraer a más profesionales», y destacando también el empeoramiento que esta medida va a significar para el servicio de las urgencias hospitalarias.Del mismo modo se han pronunciado el sindicato de enfermería SATSE y el Movimiento Asambleario de Trabajadores de Sanidad (MATS) (3), los cuales han declarado que la eliminación de las agendas en los horarios de consultas eliminados supondrá la falta de atención programada para personas que no puedan acudir al centro de salud en otro horario a causa de su actividad laboral, obligándoles a recurrir a los servicios de urgencias hospitalarias.

Lo que tienen claro estas voces críticas es que este «proyecto piloto» de la Comunidad de Madrid obedece a una política preestablecida y premeditada, bajo un concepto exclusivamente mercantilista de la Sanidad, que busca el deterioro y precarización de la Sanidad Pública en favor de la Sanidad Privada, intentando justificar el recorte en el horario con la conciliación de la vida familiar de las y los profesionales de la Salud, cuando en realidad se oculta la negativa a invertir en el sector público mediante la contratación de los profesionales demandados por la ciudadanía y buscando que, ante servicios públicos deficientes, la demandase transfiera a servicios privados, a pesar de que recientes estudios hayan atestiguado lo que ya imaginábamos, que la sanidad privada resulta más cara para el Estado que la sanidad pública.

Por otro lado, se ha hecho público el «fichaje» de Javier Fernández-Lasquetty como jefe de gabinete del presidente del Partido Popular, Pablo Casado (4). Lasquetty fue, bajo el mandato de Esperanza Aguirre, adalid y precursor de la privatización de la Sanidad madrileña, modelo seguido por sus sucesores(Güemes, Lamela). ¿Simple casualidad? Seguramente, pero lo que está claro es que sobre la Sanidad Pública madrileña sobrevuelan pájaros de mal agüero.